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La violencia política en las democracias liberales

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La violencia política en las democracias liberales, siempre que sea “disolvente” de la sociedad es aceptable y se puede ceder ante ella para que cese, la contraviolencia defensiva e “integradora” por parte de la sociedad agredida es aniquilada sin contemplaciones, y condenada moralmente por los supuestos líderes que deberían velar por nuestros derechos.
Las democracias liberales, al contrario de lo que nos enuncia su corpus doctrinal, admiten y en muchos casos alientan el uso de la violencia con fines políticos en el seno de las mismas, como trataremos de demostrar en el presente artículo.

Según su propia definición, la democracia liberal es un sistema político en el que los derechos iguales para todos los individuos que la conforman y a los que debe su legitimidad, permiten que se vean satisfechas las distintas reivindicaciones y la defensa de los distintos intereses que los diversos grupos de interés tienen en el seno de la sociedad, y que esta defensa de sus derechos y reclamación de sus intereses se hace por vías pacíficas, apelando al diálogo y al consenso, ya que el imperio de la ley hace ilegítimo el uso de la violencia, reservado únicamente al Estado en defensa de la ley y de su propia pervivencia.

La realidad que nos demuestra la historia y la propia actualidad es la contraria, y el uso de la violencia de distinto grado e intensidad por distintos colectivos y grupos de interés es lo que les ha hecho obtener sus objetivos políticos, con mayor o menor satisfacción.

Partamos de un hecho elemental, las democracias liberales occidentales no se instauran en las distintas naciones que se rigen por este sistema sobre una sociedad virgen, sin historia, sin instituciones consolidadas y sin una tradición y cultura determinada. Se instauran sobre una sociedad ya existente organizada políticamente a los largo de los siglos, con su cultura y su tradición, forjada a lo largo de la historia por todas las generaciones anteriores y por todos los hombres por igual, independientemente de su clase social. La democracia liberal se instaura en los distintos países impulsada por una minoría que anhela ejercer el poder, destruyendo toda obra anterior.

Este sistema se ha instaurado de manera diversa en las distintas naciones, pero siempre el uso de la violencia en mayor o menor intensidad ha estado en la raíz de su imposición. A la par que se instauraba el sistema éste tenía la necesidad de reeducar a la sociedad sobre la que pretenden ejercer su poder, y si ésta era reacia es necesario ejercer más violencia sobre ella hasta que ceda su resistencia a aceptar los cambios que el sistema impone por el bien siempre de los gobernados. Para ello, es necesario dividir a la sociedad apelando al egoísmo y a los nuevos intereses de minorías por ellos creadas y de las que no se tenía noticia.

Nace así el separatismo en países que se habían forjado unidos; nace el feminismo, enfrentando a las mujeres contra los hombres; nace el laicismo, intentando erradicar la religión de la vida de las personas; nace el igualitarismo, que iguala al vago con el productivo, al noble con el innoble, al criminal con la víctima, nacen los derechos humanos, que igualan al extranjero con el nacional, y sobreponen el interés del individuo por encima del interés de la comunidad; y nace el ecologismo, y los derechos de los animales, y de los homosexuales, y un largo etcétera de nuevas reivindicaciones que nunca habían estado en la mente de los hombres que conformaban la sociedad preexistente.

El objetivo es derruir toda la historia anterior a la democracia liberal, ya que todo lo anterior había sido un continuo encadenamiento de errores y tragedias para la humanidad, de las que era preciso librarnos en el futuro, y bien se haga desde la óptica marxista o desde la liberal, si la sociedad se opone es preciso hacerla cambiar a la fuerza. Desde la óptica marxista, y una vez alcanzado el poder, el cambio se hace por imposición tajante de la noche a la mañana, de manera brutal, sin escrúpulos morales. Desde la óptica liberal el cambio debe producirse más lentamente, a decenios vista, pero quebrando poco a poco la voluntad de los individuos hasta su sometimiento a los valores de la nueva sociedad. Para ello nada mejor que hacer un uso inteligente y gradual de la violencia para contrarrestar una oposición violenta a una imposición radical.
Si analizamos los distintos objetivos políticos que han ido consiguiendo los distintos “grupos sociales” creados por la democracia liberal veremos un común denominador en todos ellos.

Analicemos por ejemplo las reivindicaciones del separatismo vasco. Hasta la aparición en la escena política del orate Arana ningún vasco pensaba que era distinto al resto de españoles, y fue con el experimento liberal de la II República cuando el separatismo cobró auge. Tras la pérdida de la guerra, quedó una ínfima minoría que propugnaba la creación de un país independiente en Vascongadas. Esta minoría, y con el apoyo de la prensa y los gobiernos liberales europeos, comenzó una campaña violenta de baja intensidad en busca de publicidad y reconocimiento: reparto de propaganda ilegal, pintadas, derribo de estatuas, pequeños sabotajes a vías férreas. En este primer paso se busca la visibilidad de la causa a reivindicar por la mayoría de la población, desconocedora del asunto.

El paso siguiente, y una vez que la población conoce la causa, es un aumento en la intensidad de la violencia contra un enemigo notoriamente superior, en este caso el Estado, a la búsqueda de un mártir para la causa. Para ello se comienza a atentar contra agentes de la autoridad, a la espera de las primeras detenciones y penas “desorbitadas”, y si hay suerte del primer muerto. Se presentará después en la prensa la heroica lucha de unos jóvenes oprimidos que se enfrentan en lucha desigual contra las fuerzas opresoras del Estado y de la dictadura. Ahora la causa es ampliamente conocida por la ciudadanía y las apelaciones sentimentales van haciendo ganar adeptos y simpatizantes para la causa entre personas normales que hasta ahora desconocían que el pueblo vasco, ellos mismos, estaban oprimidos.

Es hora de ejercer una violencia extrema, y aunque haya un cambio de régimen, ya que los nuevos líderes políticos nos han apoyado hasta ahora en nuestra lucha contra la tiranía, se doblegará y cederá. Comienzan entonces los largos años de asesinatos indiscriminados, de creación de nuevos mártires, de cesiones “en bien de la paz” por parte del Estado, en forma de treguas, diálogos, indultos... a la vez que se impide desde el Estado el uso legítimo de la violencia por parte de las víctimas y de la mayoría del pueblo, que ve que se le imponen unas políticas con las que no está de acuerdo.

Este último punto es muy importante, porque el sistema, mediante diversas vías -indemnizaciones económicas, llamadas a la inacción de los líderes políticos “porque nosotros no somos como ellos-, impide defenderse a la mayoría oprimida por la minoría violenta, a la vez que ve que el Estado no la defiende y legitima con sus diálogos la violencia primigenia. Una vez que el pueblo indefenso no ve vías para protegerse, está ya maduro para ceder en lo que sea con tal de que se deje de ejercer la violencia contra él, y el Estado coadyuvante a este estado de cosas, termina aceptando todos los objetivos políticos que una minoría sin representación ni arraigo en la sociedad hace unos decenios se propuso obtener, con decisión, con voluntad y con ayudas, muchas ayudas.

Si analizamos la violencia practicada por otros “grupos de interés”, el esquema es el mismo aunque sin llegar a los extremos del separatismo vasco, ya que sus reivindicaciones son “más aceptables” por el pueblo, que en el fondo no quiere aceptarlas. Primero se presenta la justicia de la reivindicación mediante campañas en prensa: un adulto del que abusaron los curas cuando era niño o un homosexual que sufrió las vejaciones de sus compañeros en la escuela y en la mili quedan muy bien. Después se comienza la campaña violenta de baja intensidad irrumpiendo en iglesias e insultando a los feligreses homófobos, a ver si hay suerte y alguno suelta un guantazo delante de las cámaras y ya tenemos al mártir víctima de la violencia machista y católica.

Una vez ganados para la causa a personas normales que jamás se habían dado cuenta de que los católicos eran tan villanos, pasamos a un nivel superior de violencia y celebramos cabalgatas y desfiles del orgullo gay, cuanto más estridentes y ofensivos mejor. Y ya por fin, acudamos a pegar, insultar y vejar a los jóvenes que acuden a ver al Papa, en la seguridad de que no va a haber una violencia defensiva por parte de los jóvenes, a los que el Estado y la jerarquía católica han dejado indefensos con sus apelaciones a la paz y al diálogo.

Este desarrollo de la violencia permitida y auspiciada por las democracias liberales, es aplicable a cualquier sector “disolvente” de la sociedad sobre la que se ha impuesto: inmigrantes, ecologistas, antinucleares, antitaurinos, sindicalistas, feministas, antifascistas... todos, todos, consiguen sus reivindicaciones políticas mediante un uso más o menos extremo de la violencia, y en todos se imponen sobre los deseos, la cultura y las tradiciones de una gran mayoría que no sale a la calle a reivindicar nada y a la que le está prohibido el uso de la violencia en legítima defensa. La violencia política en las democracias liberales, siempre que sea “disolvente” de la sociedad es aceptable y se puede ceder ante ella para que cese, la contraviolencia defensiva e “integradora” por parte de la sociedad agredida es aniquilada sin contemplaciones, y condenada moralmente por los supuestos líderes que deberían velar por nuestros derechos.

Cuando se producen actos violentos en un pueblo protagonizados por musulmanes, por ejemplo, enseguida se presenta el alcalde y el subdelegado del gobierno a dialogar con un “interlocutor”, al que nadie ha elegido pero al que ellos reconocen como tal sin conocerle de nada; puede ser un autoproclamado imán o un delincuente del barrio. Se le ofrecerán entonces toda clase de ayudas económicas y sociales, se le incorporará a una comisión antiviolencia y se abrirá una nueva escuela coránica en el barrio, todo con tal de que cese la violencia, la cual «es comprensible dada la falta de expectativas de los musulmanes en nuestra sociedad». Al vecino español al que le han quemado el coche y saqueado la tienda no se acercarán ni a saludarle, pero eso sí, se promocionará una campaña publicitaria para evitar que se tenga una mala imagen del Islam, y se incorporarán unos cuantos musulmanes a la plantilla del Ayuntamiento y a la policía municipal para favorecer su integración.

Por el contrario, cuando los vecinos españoles de algún pueblo han reaccionado con violencia ante las olas de robos, violaciones e incluso asesinatos por parte del colectivo musulmán, caso de El Egido, enseguida se han presentado los líderes políticos y católicos de primer nivel a dividir al pueblo, cada uno llevándoselo a su rebaño, y se han buscado inmediatamente a los “cabecillas” de la revuelta para encarcelarlos a la espera de juicio. Se han entrevistado con los vecinos musulmanes y les han reembolsado los prejuicios económicos causados en la revuelta. La violencia “integradora” y autodefensiva protagonizada por los españoles no tiene justificación de ninguna clase.

En los últimos días hemos visto palmariamente un caso de violencia permitida y/o teledirigida por el Sistema con las manifestaciones para rodear el Congreso de los Diputados. Es un hecho que la ciudadanía está muy descontenta con la clase política, la monarquía y la crisis moral y política que padece nuestra nación, producto del agotamiento del Régimen salido de la

Transición. Este descontento tiene dos vertientes: la corriente disolvente, que pretende romper la nación bien desde el separatismo o el izquierdismo, con sus vagas apelaciones al derecho a decidir y a una democracia real ya, y la corriente integradora, que quiere limitar el poder de los políticos, eliminar el estado de la autonomías y refundar la nación moral y políticamente.

Pues bien, ante una convocatoria más que sospechosa para rodear el Congreso de los Diputados, convocada «a través de las redes sociales» y con una amplia difusión por parte de todos los medios de comunicación, vemos a la Delegada del Gobierno en Madrid advertir en los días anteriores de que ha sido convocada por “la ultraderecha”.

Como hemos visto en las imágenes, quien ha querido asaltar el Congreso ha sido la izquierda plural, como gustan ellos denominarse, y los diputados de izquierdas les han apoyado con mayor o menor intensidad. El objetivo a conseguir con el espantajo de la ultraderecha es evitar que, tras la gran publicidad dada a la manifestación por los medios de comunicación, esta no se viese secundada por personas normales y corrientes bajo un mar de banderas de España, por el temor a ser considerados ultraderechistas, al mismo tiempo que se justificaba una carga masiva y brutal de la policía contra los “manifestantes ultraderechistas” si este hubiese sido el caso. A la par, al permitir, cuando no organizar una manifestación de izquierdistas, con la consabida dosis de violencia que se producen en todos sus actos, se produce un efecto rechazo inmediato ante las formas y la estética de la misma, anulando cualquier intención de protesta pública de las personas normales y corrientes que se consideran españolas, y que tienen motivos más que sobrados para repudiar a su clase política y cuestionar su democracia.
Con estas líneas hemos pretendido hacer reflexionar al lector sobre la distinta vara de medir que tiene el Sistema a la hora de canalizar la violencia política que se produce dentro del mismo, y qué parte de esta violencia es impulsada y promovida por el propio sistema demoliberal.

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